Médicos del Mundo ha alertado de la “desprotección” en la que se encontrarán miles de niñas que residen en España, pero que proceden de países donde se practica la mutilación genital femenina, ante la previsible aprobación de la reforma de la justicia universal.
Se estima que casi 17.000 niñas menores de 14 años correrán el riesgo no solo de que mutilen sus genitales sino también de que este acto no sea castigado.
Por ello, la plataforma se ha dirigido a los grupos parlamentarios solicitándoles que incluyan “explícitamente” esta mutilación como una práctica perseguible por la justicia española, aunque se cometa durante estancias de las familias de las niñas en el extranjero.
La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial reconoce la competencia de la jurisdicción española para conocer los hechos cometidos por personas españolas o foráneas fuera del territorio nacional y recoge los delitos relativos a la mutilación genital, siempre que los responsables se encuentren en España.
Esto posibilita, según la organización, la persecución extraterritorial de esta práctica cuando la comisión del delito tiene lugar en el extranjero, ya que en la mayoría de los casos se lleva a cabo aprovechando viajes a los países de origen de las familias que residen en España.
Sin embargo, en la proposición de modificación de la citada ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la mutilación genital femenina ya no se menciona expresamente como uno de los delitos perseguibles extraterritorialmente.
Médicos del Mundo considera que, al no estar expresamente citada esta práctica, se creará “inseguridad jurídica”, algo que la organización no comprende “cuando el propio Gobierno aprobó hace apenas un mes una declaración institucional comprometiéndose a tomar medidas para su erradicación”.
“No se entiende por qué se evita ahora mencionarla explícitamente entre los delitos perseguibles fuera de nuestras fronteras”, concluye.
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